El Grupo Confederal registró ayer su Propuesta de Ley de reforma de la Ley de Minas junto a representantes de colectivos ecologistas y de plataformas territoriales. 

Los diputados de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde y Antón Gómez Reino, firmantes de la iniciativa, estuvieron acompañados en el registro de la diputada autonómica de Unidas Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, y la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, así como de representantes de colectivos ecologistas y de territorios afectados por la proliferación de proyectos mineros.

A continuación, el Grupo Confederal había organizado la jornada “Por una nueva ley de minas ambiental y social”, donde presentaron su propuesta, y donde los colectivos tuvieron la oportunidad de exponer cómo la proliferación de proyectos mineros tiene graves implicaciones sobre el medio ambiente y sus territorios.

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, destacó que “como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, estamos en un momento de muchas incertidumbres y también de mucho debate sobre cuestiones muy importantes como la cuestión energética debido a la enorme dependencia que tenemos del gas y del uranio de Rusia, y también esto trae consigo un nuevo debate sobre la transición energética y los materiales” ya que “lo que hay que abordar son las alternativas para una reindustrialización, pero en verde”. 

A este respecto, López de Uralde señaló que “Tenemos una ley de minas que es del año 1973, una ley que desde el franquismo no se ha modificado, y que, por tanto, no tiene en consideración que España en 1986 se incorpora a la Unión Europea y, con ello, asume toda una gama de legislación ambiental que no está teniéndose en consideración en el desarrollo de los proyectos mineros”. En este sentido, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos criticó que “Nosotros creemos que esto es un déficit, que nos lleva a presentar esta propuesta. España es el país de la UE con más sanciones por incumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, y creemos que es una lacra que existan leyes sobre una actividad tan impactante en el medio ambiente que aún no hayan tenido en consideración todo ese bagaje normativo que ha supuesto nuestra entrada en la UE”. Un sector que, a juicio de López de Uralde, “es tremendamente especulativo”. 

Por su parte, el secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, destacó que “Estas afectaciones al territorio están siendo el vehículo fundamental de movilización en Galicia, y en muchas otras partes del Estado, ya que mucha gente está viendo cómo todos estos proyectos están acabando con sus proyectos de vida”. En concreto, puso el ejemplo de la Mina de Touro, “que es brutal” cuantitativa y cualitativamente por la cantidad de población potencialmente afectada. “Todos estos modelos obedecen a la necesidad de una serie de empresas de generar plusvalías, ya que no son necesarios en ningún caso”, criticó el también portavoz de Galicia en Común. 

En el texto registrado por el Grupo Confederal, se incorpora a la normativa vigente los principios comunitarios de protección ambiental, como son los principios de cautela y prevención o la corrección de los atentados al medio ambiente. Además se adecúan las vías de participación pública para facilitar la acción popular contra actividades que pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente. Asimismo, indican que “cuando se apruebe esta reforma, se consideran excluidos de actividad minera los terrenos que integran la red Natura 2000 y aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas”.