Pilar Garrido, Juantxo López de Uralde y Roberto Uriarte interponen una denuncia en los juzgados de Vitoria tras las palabras del exministro en las que alude a una posible responsabilidad penal en los hechos ocurridos en la capital alavesa en 1976

“Debemos de acabar con la impunidad de la que han gozado algunos crímenes cometidos por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la forma es haciendo justicia y juzgando a los responsables de una vulneración de los derechos humanos de ese calibre”

20 de enero de 2022. Los diputados vascos de Unidas Podemos han interpuesto esta mañana en los juzgados de Vitoria una denuncia para el esclarecimiento de los hechos delictivos acontecidos el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa y la posible responsabilidad e intervención en ellos de Rodolfo Martín Villa.

La denuncia, registrada esta mañana en el Juzgado de Instrucción por Juantxo López de Uralde, Pilar Garrido y Roberto Uriarte, se interpone tras las manifestaciones realizadas por Martín Villa el pasado lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en las que aludió a una posible responsabilidad política y penal en los hechos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, e indiciariamente constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

A raíz de estas palabras, los diputados vascos de Unidas Podemos han presentado la denuncia de cara a poder esclarecer lo ocurrido y la posible responsabilidad del entonces ministro de Relaciones Sindicales, que además está siendo procesado por las autoridades judiciales argentinas por crímenes de lesa humanidad por estos mismos hechos, en los que cinco personas fueron asesinadas por los indiscriminados
disparos policiales.

La denuncia se interpone en Vitoria por ser los juzgados de instrucción competentes para juzgar unos hechos acontecidos en la ciudad y ante la posible responsabilidad política y penal que, según ha manifestado públicamente Martín Villa, pudiera recaer sobre él. Todo ello sin perjuicio del proceso judicial abierto por las autoridades argentinas, que en la actualidad se encuentra en suspenso en tanto en cuanto no
se determine con mayor concreción su responsabilidad en los hechos investigados.

“Debemos de acabar con la impunidad de la que han gozado algunos crímenes cometidos por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la forma de acabar con la impunidad es haciendo justicia y juzgando a los responsables de una vulneración de los derechos humanos de ese  calibre”, han aseverado los diputados vascos.

Cabe recordar que las diligencias previas que se abrieron para la investigación de esta matanza fueron archivadas sin ningún tipo de investigación policial ni judicial efectiva. La denuncia refleja que tanto estos hechos, como los ocurridos en los Sanfermines de 1978, cuando una persona fue asesinada de un tiro en la frente y otras 150 personas resultaron heridas por las fuerzas del Estado, no fueron en absoluto episódicos ni aislados, sino que se enmarcan en un contexto generalizado, habiéndose documentado decenas de casos
en todo el Estado español entre los años 1976 y 1980, sin que se haya producido ninguna condena judicial.

Asimismo, en la denuncia, se resalta que todavía se conservan las grabaciones de conversaciones entre los agentes en las que describían su intervención el 3 de marzo en el desalojo de la iglesia en la que se celebraba una asamblea de trabajadores y trabajadoras en huelga y de las que se deduce con nitidez la planificación del ataque a las personas congregadas en el recinto. “Esto es la guerra en pleno, se nos está
terminando la munición y las granadas”, ‘Hemos contribuido a una de las palizas más grandes de la historia. Cambio” o “Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio” son algunas de conversaciones que se recogieron a través de la frecuencia FM del canal de la policía que se reproducen en la denuncia.

“Estos hechos, por afectar a bienes tan básicos como la vida como por existir indicios de obedecer a un plan impulsado desde instancias del Estado, son presumiblemente subsumibles en los delitos de lesa humanidad, que por tal condición son imprescriptibles. Así han sido también provisionalmente calificados por las autoridades judiciales argentinas”, se constata.

Los diputados vascos de Unidas Podemos han remarcado el derecho que tienen las víctimas a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, algo que hasta ahora “les ha sido sistemáticamente negado” pese a la gravedad de los hechos ocurridos. En definitiva, como se constata, “hay diversos instrumentos jurídicos desde la perspectiva internacional como desde la normativa doméstica para investigar y enjuiciar los graves hechos ocurridos el 3 de marzo en esta ciudad”.

Por todo ello, López de Uralde, Garrido y Uriarte solicitan al juzgado de instrucción que admita la denuncia e incoe el correspondiente procedimiento para la averiguación de los hechos delictivos y la posible responsabilidad e intervención en los mismos de Rodolfo Martín Villa.