19 de noviembre de 2025.- El partido verde presentó un recurso contra la resolución de aprobación del proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar, concedida por la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo, solicitando así su suspensión.

A pesar de ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha comunicado al partido verde la inadmisión de dicho recurso “por falta de legitimación”, al considerar desde la Junta que “la acción popular o legitimación objetiva sólo está reconocida a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, y no a las personas físicas, ni a partidos políticos”. 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) emitió, sobre el Proyecto de Explotación Mina Los Frailes, un informe favorable en 2020. En 2021, tras petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la minera presenta una adenda, respondiendo que la gestión, adecuación y restauración de los pasivos ambientales forman parte integral del proyecto minero, siendo preciso la construcción de una conducción desde la planta de tratamiento de aguas al Río Guadalquivir.

“Desde Alianza Verde seguimos sosteniendo que esa conducción y vertido al río Guadalquivir no cumple los mínimos requisitos para garantizar la ausencia de concentración de contaminantes metálicos tóxicos que afectarán al sector agropecuario, arrozales de la zona, ganadería y las pesquerías en el estuario del río y la bahía hacia la que se abre”, indica la coordinadora andaluza, Carmen Molina. “Razón por la cual, insistimos en que sí nos asiste una legitimación objetiva y un interés real, dado los riesgos que consideramos inasumibles para las comarcas de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la  Concepción,  Olivares, Salteras y Santiponce (Sevilla). 

“El promotor, Minera Los Frailes,S.L. no garantiza la inocuidad de los vertidos que evacuará al estuario. Nos resulta complicado entender que no se admita el interés legítimo que como organización, sea política o no, tiene Alianza Verde en este procedimiento”, critica el coordinador federal, Juantxo López de Uralde.

Los impactos ambientales y sociales suponen una amenaza directa para ecosistemas clave y para actividades sostenibles como la agricultura y la pesca artesanal. Un informe científico documenta episodios de contaminación hacia el río Agrio, antes incluso del inicio del proyecto. 

Un proyecto de este calado amenaza la biodiversidad del estuario y el equilibrio ecológico del Bajo Guadalquivir. “La Junta de Andalucía va a perpetrar un atentado ecológico en toda regla, y, a su paso, está coartando la participación democrática de quienes estamos tratando de evitarlo”, lamenta López de Uralde.